El ejecutivo resta a los necesitados morosos parte de las subvenciones básicas.
El PSOE insta al gobierno local a que deroge el decreto dictado por Hacienda.
Falta de humanidad y caridad cristiana”. Así ha calificado la portavoz del PSPV-PSOE de Benicarló, Xaro Miralles, la decisión del ejecutivo local de destinar una parte de los fondos de ayudas de emergencia a sufragar las deudas que personas que atraviesan por dificultades económicas tienen con el consistorio, en concepto de impuestos municipales.
En concreto, según indican los socialistas, se han detectado 15 casos que percibían la prestación económica individual o la renta garantizada ciudadana. “Ambas ayudas son evaluadas, tramitadas y gestionadas por los técnicos de Servicios Sociales y se destinan a personas y familias en riesgo de exclusión social y que, por circunstancias determinadas, apenas tienen ingresos para sufragar necesidades tan básicas como la alimentación”, señaló Miralles.
La medida tiene su origen en un decreto de la Concejalía de Hacienda, del pasado mes de febrero. Por ello, el grupo municipal socialista ha instado al Ayuntamiento a que derogue tal resolución y que se proceda a la devolución de los importes incautados, a la vez que se acuerde con los afectados el abono aplazado de la deuda todavía pendiente.
Tanto Xaro Miralles como la también edila socialista Filo Agut han cuestionado la legalidad del procedimiento y han destacado “la falta de comunicación entre las áreas de Hacienda y Servicios Sociales”, pues, según Miralles y Agut, los técnicos de este último departamento municipal no fueron informados de la decisión.
“Tampoco se les comunicó a los propios afectados, que recibieron la noticia cuando fueron a informarse al ayuntamiento del motivo por el que se les había restringido el ingreso pertinente”, señalaron las dos edilas.
En este sentido, el grupo municipal socialista, en el caso de que sus demandas no sean atendidas, se ha ofrecido a prestar su colaboración a las personas afectadas que deseen interponer un recurso contra el consistorio.
MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ
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